Amnistía Internacional alerta que derechos humanos en Venezuela requieren vigilancia

Especial / Venezuela RED Informativa

A propósito del caso del capitán Acosta, Amnistía Internacional, plantea como  imprescindible el apoyo y la actuación de la comunidad internacional, para que se respeten los derechos humanos en Venezuela.

El organismo vigilante de derechos humanos, ha publicado nuevas evidencias de la política de represión del régimen de  Maduro, para silenciar a la disidencia, a  través del emblemático caso, del capitán Rafael Acosta Arévalo.

Fue un capitán retirado de la Marina venezolana que desapareció en la localidad de Guatire, en el estado de Miranda el 21 de junio de 2019.

A dos años del crimen,  un expediente penal de 550 páginas, contra dos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) acusados de participar en su muerte, revela que al contrario de lo que muestra la investigación penal por parte de la justicia venezolana, Acosta Arévalo no falleció en un hospital, fue desparecido, torturado y murió ante un juez, mientras agonizaba, en un tribunal militar, donde le imputaron cargos, a pesar de su condición de retiro de la Fuerza Armada.

Amnistía Internacional encontró que Acosta Arévalo, falleció el 28 de junio de 2019, en la sala donde se llevaría a cabo la audiencia de presentación, sin recibir atención médica en los momentos previos a su muerte.

El organismo  indica en un comunicado, que ha recibido múltiples denuncias de detenciones arbitrarias, así como de la existencia de centros de detención clandestinos, que pertenecen al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y a la Dgcim.

Amnistía Internacional exige que se realice una investigación imparcial e independiente, a cargo de una autoridad civil y no militar, sobre la posibilidad de que Acosta Arévalo haya sido trasladado a un centro de detención clandestino, donde fue sometido a tortura.

En el expediente al que Amnistía Internacional tuvo acceso,  no se menciona la palabra tortura ni una sola vez, a pesar de que  las 50 lesiones corporales de la víctima y  de su precario estado de salud, al llegar ante el tribunal militar donde le imputaron cargos, siete días después de que su familia denunciara su desaparición, están probados.

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo en julio de 2020 que: “En 16 casos documentados se hacía referencia a fuertes palizas con tablas, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, inmersión de la cabeza del detenido bajo el agua, descargas eléctricas en los párpados y violencia sexual en forma de descargas eléctricas, en los genitales. Las personas detenidas también estuvieron expuestas a bajas temperaturas y a luz eléctrica constante y fueron esposadas con los ojos vendados, durante largos períodos, así como sometidas a amenazas de muerte contra ellas y sus familiares”.

Amnistía Internacional sostiene que los cientos de casos como el de Acosta Arévalo, deben ser investigados por un mecanismo internacional independiente, que garantice justicia, verdad y reparación para las víctimas de violaciones a derechos humanos y crímenes de derecho internacional.

“Los casos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales y sometimiento de civiles a procesos penales ante la justicia militar en Venezuela, son parte de una política sistemática o generalizada, por lo que deben determinarse las responsabilidades penales individuales, al más alto nivel”, dice el organismo.

El caso de Acosta Arévalo, según Amnistía Internacional, ejemplifica la necesidad que los mecanismos internacionales, asuman el liderazgo en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación de las víctimas, de los crímenes de derecho internacional y de violaciones de derechos humanos en Venezuela.

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