Guaidó pierde apoyo en grupos financieros e investigadores de EE.UU.

Trinidad Martel / Venezuela RED Informativa

Señalan los portales informativos del régimen de Maduro que “Juan Guaidó pierde respaldo de los grupos financieros e investigación de los Estados Unidos ante la negativa de renegociar con los acreedores de la deuda venezolana, que impediría que los tenedores de bonos ejerzan acciones judiciales para el pago de la deuda con las acciones de Citgo”.

Ariel Cohen del Centro Internacional de Impuestos e Inversiones del Atlantic Council, además de asesor del Banco Mundial, ha cuestionado la posición de Juan Guaidó y la de su «representante» en la nación norteamericana, Carlos Vecchio, sobre la deuda del país, así como el provecho político que pretende sacar con la filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Cohen explicó que la empresa rusa Rosneft tiene como garantía el 49 por ciento de la Citgo, ante ese panorama, el también estratega del Pentágono y el Senado de EE.UU., instó al gobierno estadounidense para que interceda y aliente a los políticos opositores venezolanos a iniciar un diálogo que permita renegociar la deuda.

Expresan los portales informativos del Gobierno de Maduro, que de acuerdo a un trabajo de investigación del blog La Tabla, se debe repensar la postura de Guaidó, quien carece de poder real en Venezuela y quien cuenta con el respaldo político de la Casa Blanca, y que sería una forma de ayudar a Pdvsa, al tiempo que recalcan que “el retiro de Ricardo Hausmann del equipo económico del opositor militante de la «organización» Voluntad Popular, estaría relacionado al desacuerdo con la postura de no renegociación”.

Juan Guaidó y su equipo de lobbistas promueven ante la Casa Blanca la protección de los activos para evitar el proceso judicial, ante el vencimiento de los bonos 2020 el 28 de octubre venidero, cuyo monto asciende a 913 millones de dólares.

Una corte de EE.UU. falló a favor de la empresa canadiense Crystallex para vender los activos de la empresa venezolana, que tras la intervención del gobierno norteamericano está siendo representada ilegalmente ante las cortes e instituciones, situación que se repite con otras empresas y bienes del Estado venezolano en el exterior, con la anuencia de los gobiernos de Colombia y Costa Rica.

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