Importaciones venezolanas de productos duplicaron su valor entre 2018 y 2019

Trinidad Martel / Venezuela RED Informativa

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el promedio de las exportaciones de los productos agrícolas de 2010 a 2014 desde Estados Unidos hasta Venezuela se ubicó en $1.400 millones.

A partir de 2015, producto del descenso de los ingresos del Estado venezolano, estas exportaciones de bienes agrícolas empezaron a caer. Así, en 2019 Venezuela alcanzó un nivel de $173,6 millones, lo que representa una disminución de 66,4% con respecto a 2018.

No obstante, para ese mismo año se evidenció una mayor relevancia en Venezuela de las importaciones de productos orientados al consumo final, duplicando su valor entre 2018 y 2019, el cual paso de $18 millones a $41,1 millones.

Este desempeño se refleja en el surgimiento y crecimiento del comercio de productos de origen importado, a través de los denominados bodegones, los cuales se extendieron en las principales ciudades del país durante 2019.

Para incentivar este nicho de mercado, el Estado venezolano, a inicios de 2020, aprobó la extensión de la exoneración del impuesto a la importación de más de 3.000 ítems de productos destinados al consumo final.

Actualmente se estima que aproximadamente 60% de las transacciones en la economía se llevan a cabo en divisas (predominantemente en dólares). No obstante, es importante tener en cuenta que esta flexibilización en el uso del dólar no implica un cambio en el marco legal del país, sino más bien una postura más permisiva del Estado en relación con este tema.

Por ello, se considera que Nicolás Maduro ¡al verse con la soga al cuello! ha adoptado una posición más liberal, similar a un modelo económico como el chino.

Torino Economics expresa que esta permisividad no responde a una política de Estado programada, sino que es resultado de su incapacidad (Régimen de Maduro) para atender los desequilibrios macroeconómicos, así como las demandas sociales del país, por lo cual la dolarización que se ha adoptado ha sido de una manera informal.

Sobre este proceso, el propio Maduro ha dicho que ha servido de “válvula de escape”, que se presenta como un atenuante de los efectos generados por las sanciones impuestas por Estados Unidos a altos funcionarios de su administración, a ciertas instituciones financieras como el Banco Central de Venezuela y a empresas estatales como Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Los cambios estructurales que ha experimentado la economía venezolana a lo largo de 2019, con la flexibilización de los controles cambiarios y de precios, en medio de un proceso de hiperinflación sostenido desde mediados de 2015, ha abierto la puerta a una dolarización de facto que le ha dado un nuevo florecimiento a ciertos sectores, particularmente al de comercio y servicios.

Esta situación ha permitido el resurgimiento de ciertos nichos de mercado que, en un contexto donde imperan monedas como el dólar y el euro, han ido ganando cada vez más espacio por la caída de la producción nacional a niveles históricos y el incremento de los flujos de divisas al país, ya sea por remesas de los venezolanos que han emigrado, el pago de algunas empresas privadas que mantienen remuneraciones en divisas o el comercio en las principales fronteras venezolanas.

Esta dolarización no solo ha ido permeando en los diferentes sectores sociales, sino que ha incentivado a la administración de Nicolás Maduro a aprobar el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a estas transacciones que se realizan en divisas o criptomonedas diferentes al bolívar o al petro (criptomoneda del Estado venezolano).

El reconocimiento de las transacciones en divisas ha conllevado a una reforma tributaria con el propósito de hacer frente a la reducción de la base tributaria en bolívares y al hecho de que PDVSA produce hoy menos de la tercera parte de barriles de petróleo que hace seis años.

De esta manera, esta reforma se presenta como una vía para fortalecer los ingresos tributarios, al gravar aquellas transacciones en divisas de los sectores comerciales no petroleros. Sin embargo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela solo reconoce como moneda de curso legal el bolívar, según establece el artículo 91.

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