Informe de Bachelet: “Cuerpos de seguridad e inteligencia del régimen de Maduro maltratan y torturan a opositores” (+Video)

Alfonsina Ríos / Venezuela RED Informativa

“Los servicios de inteligencia (el SEBIN y la DGCIM) han sido responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores/as políticos/as y de sus familiares” señala parte del informe que presentará, hoy viernes, la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos Michelle Bachelet.

De igual manera se expresa en el escrito que La Fuerzas de Acciones Especiales (Las FAES), creada en 2017 para combatir el crimen organizado “han sido presuntamente responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad, al igual que el CICPC”.

Y  dentro de sus 23 recomendaciones al gobierno de Maduro pide  disolver a esa unidad (las FAES) y establecer “un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad”, asimismo que detenga y prevenga el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones.

El informe se sustenta en la información recopilada y analizada por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (el ACNUDH), donde se realizaron 558 entrevistas con personas víctimas, testigos y otras fuentes. Además, celebró 159 reuniones con una amplia variedad de partes interesadas, incluyendo actores estatales, según lo escrito en el documento.

Consideran que “existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones” y en cuanto a la crisis humanitaria exige que se adopten medidas para garantizar la disponibilidad y accesibilidad de alimentos, agua, medicamentos y servicios.

Responsabiliza además,  a la  Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) del “uso excesivo de la fuerza en manifestaciones al menos desde 2014”.

Hace alusión a los “colectivos armados”  los cuales según el informe “contribuyen a este sistema ejerciendo control social en las comunidades locales, y apoyando a las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones y de la disidencia”

De acuerdo al informe se han registrado 66 muertes durante las protestas entre  enero y mayo de 2019, de las cuales 52 son atribuibles a los cuerpos de seguridad del gobierno o a los colectivos.

Menciona que la Fiscalía General, los/as jueces/juezas y la Defensoría del Pueblo “generalmente no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre violaciones de derechos humanos y otros crímenes cometidos por actores estatales, no llevan a las personas responsables ante la justicia, ni protegen a personas”

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