Movimientos ilícitos de dinero, filtración FinCEN: Global Finance Leaks

Hernán Camacho / Venezuela RED Informativa

Un reciente informe sobre los movimientos de grandes sumas de fondos presuntamente ilícitos en bancos globales incluye a una lista de empresas relacionadas a venezolanos, cuyas transacciones hicieron sonar las campanas de los observadores de actividades sospechosas en las instituciones internacionales. Los venezolanos más mencionados en los reportes de actividades sospechosas son:

Alejandro Ceballos Jiménez, Franklin García Duque, Camilo Ibrahim, Nelson Lepaje Salazar, Alejandro Dopazo, José Obelmejias Machado, Rocco Albisinni, Manuel Bernal Martínez, Luis Oberto Anselmi, Eloy Martino, Amílcar Figueroa Salazar, Alejandro Fleming Cabrera, Gustavo Mirabal Castro, David Osio, Omar Farias, Romeo Mauhad, Yael Marciano, Raul Gorrín, Fernando Zosaya, Carlos Amantini, Hildegard Rondón, Erick Malpica, Raimundo Moscato, Valentino Zoli, Orlando Alvarado, Leocenis García, Ricardo IV Montilla, Leonardo González Dellan, Gustavo Perdomo Rosales, Majed Khalil Majzoub , Diego Salazar, Daniel Alvarado, Jeampiere Fernández, Alex Saab Moran, Eli Fernández, Luis Urdaneta, Leonora Molinos , Carlos Luis Uzcátegui, Pedro Torres Cililberto, Reinaldo Vicentini, Juan Domingo Cordero Marcano, Samarak López Bello, Wilmer Ruperti, Danilo Díaz Granados, Pedro Prieto, Gonzalo Morales, César Guillen, Ramon Canela, Juan Bravo, Ricardo González, Héctor Tibia, Eduardo Capriles, Luis Alberto Saab, Amir Saab, Emanuel Rubio, Carlos Lozcano, German Rubio y Ricardo Morón Hernández. Los reportes fueron emitidos por medios de prensa como el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ), BuzzFeed y otros, citando documentos confidenciales filtrados que los bancos enviaron al gobierno de Estados Unidos.

Estos documentos se conocen con el nombre de “reportes de actividades sospechosas” son presentados por los bancos y otras firmas financieras a la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros (FinCen) del Departamento del Tesoro. Los informes de prensa hacen notar que esos reportes reflejan preocupaciones de los mecanismos de vigilancia dentro de los bancos y no necesariamente son evidencias de conductas delictivas u otras violaciones.

Los bancos globales que aparecen con más frecuencia en los reportes son HSBC Holdings Plc, Banesco Panamá, JPMorgan Chase & Co, Deutsche Bank AG, Banitsmo Panamá, MutiBank Panamá, CrediCorp Bank Panamá, Standard Chartered Plc, UBS Suisse, UBP Suisse, Euromobiliari Bank, Zarattini & Co, Banco Letón ABLV, Julius Baer, ICBC Suisse, Danske Bank, BPAndorra, Banco Ficosha y Bank of New York Mellon Corp. Los reportes filtrados, que suman más de 2.100, contienen información sobre más de dos billones de dólares en transacciones desde 1999 hasta 2017 y según ICIJ son apenas una pequeña fracción del total enviado a FinCeN.

Entre los tipos de transacciones destacadas en los reportes se encuentran fondos procesados por JPMorgan de individuos y compañías vinculadas a malversaciones de fondos públicos en Venezuela, así como esquemas Ponzi y lavado de dinero en documentos de otros bancos.

Los reportes reflejaron también que los bancos a menudo movieron fondos para compañías registradas en paraísos fiscales, como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Hong Kong, Suiza, y Andorra.

Los bancos implicados han sido multados anteriormente por las autoridades estadounidenses por fallas para cortar los flujos de dinero sucio, dice el informe, y las acciones tomadas contra ellos apenas afectan el caudal de fondos malversados que se mueven por el sistema financiero global.

Los documentos filtrados, afirma el informe, ofrecen una visión sin precedentes sobre el mundo secreto de la banca internacional, los clientes anónimos y, en muchos casos, el crimen financiero. FinCen advirtió en una nota en su sitio web el 1 de septiembre acerca de la posible publicación de documentos filtrados que esto es un delito que puede impactar la seguridad nacional de Estados Unidos.

Alertas tardías

Los SAR se confeccionan cuando los bancos globales – aquellos que tienen acceso a la Reserva Federal de Estados Unidos para compensar los flujos de dólares entre ellos-, o los que actúan como sus bancos “corresponsales” – observan una transacción de dinero potencialmente sospechosa que pasa por ese país. Bajo la ley de Secreto Bancario, las instituciones financieras están obligadas a ayudar a los organismos oficiales norteamericanos a detectar y prevenir maniobras de lavado de dinero, así como también informar a la FinCEN sobre movimientos que puedan indicar una actividad irregular o presuntamente delictiva.

Los SARs reflejan las preocupaciones de los organismos de control dentro de los bancos y las instituciones financieras y no son necesariamente indicativos de una conducta delictiva o una evidencia de irregularidad. Pero sí pueden potencialmente implicar delitos financieros, que involucran a clientes con perfiles considerados de “alto riesgo” o que estuvieron bajo investigación judicial, o con comentarios “negativos” en los medios por las sospechas alrededor de sus actividades. En ese sentido, funcionan como una forma de alertar a los reguladores gubernamentales y a las fuerzas de seguridad sobre actividades presuntamente irregulares y posibles delitos.

El descargo de los bancos

Grandes bancos consultados por ICIJ negaron las irregularidades sistemáticas y sostuvieron que están trabajando para mejorar sus programas para prevenir el lavado de dinero y detectar a los clientes involucrados en actividades delictivas.

“A partir de 2012, HSBC se embarcó en un viaje de varios años para revisar su capacidad para combatir el crimen financiero”, dijo Heidi Ashley, vocero del banco. “HSBC es una institución mucho más segura de lo que era en 2012.”

El vocero del Standard Chartered dijo que las autoridades de Estados Unidos y el Reino Unido habían reconocido públicamente que el Grupo había experimentado “una transformación integral y positiva en los últimos años”. Y agregaron: “En 2019 monitoreamos más de 1.200 millones de transacciones para detectar posibles actividades sospechosas y examinamos más de 157 millones de transacciones para verificar el cumplimiento de los requisitos de sanciones aplicables. La realidad del sistema financiero global es que siempre habrá intentos de lavar dinero y evadir sanciones; la responsabilidad de los bancos es construir sistemas de control y monitoreo efectivos y trabajamos en estrecha colaboración con los reguladores y las fuerzas del orden para llevar a los perpetradores ante la Justicia”.

Del otro lado del mostrador, periodistas del Consorcio descubrieron que el Departamento de Justicia de Estados Unidos aprueba acuerdos laxos que difieren el enjuiciamiento de los bancos y no avanzan en la acusación de los ejecutivos responsables. Así, junto a otras autoridades gubernamentales, perpetúan el status quo al imponer multas por no prevenir acabadamente lavado de dinero, que terminan siendo una fracción de las ganancias obtenidas.

El impacto social

“No solamente los delincuentes son los que blanquean el dinero. Los bancos tienen un papel muy importante que desempeñar, porque son el sistema mediante el cual ese dinero se mueve desde un país a otro más agradable y seguro”, sostuvo Graham Barrow, experto en blanqueo de dinero, consultado por ICIJ.

En su opinión, este es un problema enorme y todos, en última instancia, pagamos el precio por esto. “Porque este dinero proviene de nuestros impuestos y nuestras contribuciones a la sociedad cuando debería gastarse en proporcionarnos buenas carreteras, buenos transportes, buenas escuelas y un buen servicio de salud. Necesitamos, como sociedad, hacer algo al respecto”, enfatizó.

En este sentido, este trabajo de periodismo colaborativo transnacional pudo rastrear el rol jugado por los bancos en ocultar el dinero desviado de fondos públicos, de estafas a jubilados, o generado a través de la venta de drogas, la extracción ilegal de oro y otras actividades ilegales.

FinCEN Files también muestra cómo esa operatoria bancaria impacta en la vida de muchos ciudadanos, víctimas de la evasión de impuestos que priva a los estados de atender necesidades de los que más necesitan, y expone cómo estafadores Ponzi trasladan las ganancias más allá del alcance de las autoridades, y funcionarios y empresarios corruptos engrosan fortunas mal habidas y consolidan su poder.

Will Fitzgibbon, miembro de ICIJ, detalló las consecuencias del consumo del fentanilo (un narcótico sintético opioide utilizado en medicina por sus acciones de analgesia y anestesia), y descubrió que se necesitaba una red de traficantes que se remontara a China, confiando en el fácil movimiento de dinero sucio a través de instituciones financieras, para entregar opioides a las zonas rurales de Carolina del Norte y Estados Unidos. En la familia de Joe Williams, de 31 años, nadie sabía qué lo había matado. No tenían ni idea de que era uno de los primeros de decenas de miles de estadounidenses que caerían víctimas del narcótico más letal del mundo.

Para que los opioides diseñados en laboratorio llegaran hasta esa zona rural de Carolina del Norte y el resto de los Estados Unidos, fue necesaria una red de traficantes que puede ser rastreada hasta China y que puede operar gracias a la fácil circulación de dinero sucio a través de bancos conocidas en todo el mundo.

En el corazón de estas historias hay personas reales heridas de manera real: familias que han perdido ahorros debido a esquemas financieros depredadores, atletas olímpicos defraudados de sus victorias por funcionarios corruptos y padres que lloran a hijos e hijas caídos en la batalla.

“Es posible que la gente no esté al tanto de problemas como el lavado de dinero y las empresas offshore, pero sienten los efectos todos los días porque estos son los que hacen que los delitos a gran escala paguen, desde los opioides hasta el tráfico de armas y el robo de beneficios de desempleo relacionados con el Covid-19”, advirtió Jodi Vittori, experta en corrupción del Carnegie Endowment for International Peace.

Qué dijo la FinCEN sobre la filtración

En un comunicado de prensa emitido el 1º de septiembre pasado, la FinCEN reconoció estar al tanto de que varios medios de comunicación tenían la intención de publicar una serie de artículos basados en informes secretos de actividades sospechosas, y advirtió que “la divulgación no autorizada de SAR es un delito que puede afectar la seguridad nacional de los Estados Unidos”.

Una ex funcionaria de la FINCEN, Natalie Mayflower Sours Edwards, fue acusada en 2018 por conspirar para divulgar ilegalmente documentos sobre actividades sospechosas a BuzzFeed News. Edwards se declaró culpable y la condena se conocerá el mes próximo. El medio no dio detalles sobre su fuente en esta filtración.

La FinCEN dijo a BuzzFeed News y a ICIJ en una carta de respuesta a un cuestionario enviado, que no comenta sobre “la existencia o no existencia de SARs específicos, ya que podría entrar en conflicto con importantes protecciones legales de confidencialidad”.

Pocos días antes de la publicación de la investigación FinCEN Files, la agencia anunció que avanzará en una serie de iniciativas de recepción de sugerencias para una revisión colectiva del marco regulatorio de la ley de Secreto Bancario, con el objetivo de “modernizar el régimen regulatorio para abordar las amenazas cambiantes del financiamiento ilícito” y mejorar la “efectividad y eficiencia de los programas contra el lavado de dinero”.

Matt Lloyd, vocero de la División de lo Penal del Departamento de Justicia, le dijo a ICIJ: “El Departamento de Justicia mantiene su trabajo y mantiene su compromiso de investigar y enjuiciar agresivamente los delitos financieros, incluido el lavado de dinero, dondequiera que los encontremos”.

Entre los medios del mundo que forman parte de la alianza para esta investigación, además de BuzzFeed News que obtuvo la filtración, figuran Le Monde de Francia, BBC del Reino Unido, L’Espresso de Italia, NBC de Estados Unidos, El Confidencial y La Sexta de España, Financieele Dagblad de los Países Bajos, Süddeutsche Zeitung de Alemania, Australian Broadcasting Corporation de Australia, Tamedia de Suiza; Revista Piauí, Época y Poder 360 de Brasil, Quinto Elemento Lab y la Revista Proceso de México, El Espectador de Colombia, ABC Color de Paraguay, Convoca de Perú, Armando Info de Venezuela, Búsqueda de Uruguay, y entre otros. Por Argentina, participan Infobae, La Nación y Perfil.

El equipo argentino de ICIJ que trabajó en FinCEN Files está compuesto por Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli (Infobae), Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky, Iván Ruiz y Ricardo Brom (La Nación) y Emilia Delfino (Perfil).

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