ONG FundaRedes denuncia que guerrilleros someten con armas a indígenas en zonas del Arco Minero del Orinoco

Alexander Arredondo / Venezuela RED Informativa

La ONG FundaRedes alertó que etnias indígenas de Venezuela se ven amenazadas por grupos irregulares como las FARC, ELN y los denominados «sindicatos», principalmente en la zona del Arco Minero del Orinoco.

En su más reciente investigación, FundaRedes detalla que estos sujetos armados «participan activamente» en la minería ilegal al sur del país. Además de cometer actos de «hostigamientos, persecuciones, desapariciones, torturas, abuso sexual, reclutamiento forzado y esclavitud moderna».

“Los 44 pueblos originarios que habitan en Venezuela, además de algunas etnias seminómadas que deambulan de un lado a otro de la frontera con Colombia y Brasil, están expuestos a las violentas acciones de grupos armados irregulares que controlan el paso de personas y mercancías, así como de productos de tráfico ilícito como el combustible, los minerales derivados de la explotación irracional del suelo y cualquier tipo de sustancia estupefaciente”, expresa la ONG.

En el informe revelan que en agosto de 2021 comunidades autóctonas ubicadas en el estado Amazonas, en frontera con Brasil, denunciaron el ingreso de garimpeiros armados a su territorio. Mientras que habitantes de los pueblos yekuana y sánema aseguraron que se cometieron asesinatos de líderes indígenas que promovieron la denuncia sobre estos hechos irregulares.

FundaRedes agrega que entregaron la ubicación de estos mineros ilegales a las autoridades venezolanas y afirma que en esa zona del país se estableció una pista de aterrizaje, donde son transportados entre 40 y 100 kilos de oro diariamente por medio de dos helicópteros, según información obtenida por activistas del lugar.

FundaRedes recuerda en su boletín informativo, que en reiteradas oportunidades ha documentado desde hace varios años cómo las poblaciones indígenas de Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Zulia y Apure han sido despojadas de sus territorios y han caído en el «absoluto abandono» por parte del Estado venezolano.

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