Oro en bóveda secreta en Liechtenstein apunta a Claudia Diaz exenfermera de Hugo Chávez

Trinidad Martel / Venezuela RED Informativa

Era 2014 y Claudia Díaz, extesorera de Venezuela, buscaba un refugio seguro para almacenar la riqueza inexplicable que había acumulado a lo largo de los años. El entonces presidente Hugo Chávez, para quien alguna vez trabajó como enfermera, acababa de fallecer y la situación política en Venezuela y las relaciones con los Estados Unidos estaban en un tumulto.

Así que Díaz, presuntamente, recurrió a una de las maneras más antiguas de mover grandes cantidades de dinero de manera anónima: comprar oro.

En una rápida sucesión, una empresa fantasma establecida en la nación insular caribeña de San Vicente y las Granadinas que presuntamente ella controlaba, compró 250 lingotes de oro valuados en más de 9,5 millones de dólares, según registros judiciales de Liechtenstein obtenidos por The Associated Press. Los lingotes, cada uno con un peso de un kilogramo (2,2 libras), fueron presuntamente almacenados en una bóveda privada en el diminuto principado europeo, disponibles para Díaz y su hijo cuando cumpliera 18 años. Pocos años después, un representante de Díaz vendió una cantidad casi idéntica de lingotes y la mayor parte de los ingresos fue aparentemente depositada en un banco suizo.

Esas transacciones están ahora en el centro de una investigación criminal internacional sobre la red de empresas fantasmas y cuestionables banqueros suizos que han ayudado a convertir a Venezuela en uno de los países más corruptos del mundo. Si bien se estima que hasta 300.000 millones de dólares han sido saqueados de las arcas estatales de Venezuela en las dos décadas de gobierno socialista, los investigadores apenas comienzan a entender cómo se lavó el dinero sucio. La transacción física de pesados lingotes de oro —algo no visto anteriormente en registros judiciales— subraya la creatividad de algunos venezolanos para ocultar su riqueza robada.

Con una reputación de secretismo y el ingreso per cápita más alto del mundo, Liechtenstein, el microestado germanohablante, ha sido desde hace mucho tiempo un imán bancario para los más ricos del mundo. Pero al igual que su vecina Suiza, con quien comparte una unión monetaria y de aduanas, su reputación como centro financiero extraterritorial se ha visto sacudida por el escándalo. Debido a la presión de los Estados Unidos, que ha acusado a numerosos funcionarios venezolanos y sancionado al gobierno de Maduro por delitos financieros en todo el mundo, los dos países hacen ahora todo lo posible para exponer la corrupción en Venezuela.

“Venezuela se ha convertido en un paria virtual”, dijo Michael Levi, experto en delitos financieros en Europa y profesor de la Universidad de Cardiff, en el Reino Unido. “Los muy callados banqueros estuvieron felices de recibir su dinero durante años, pero ahora todos evitan al país cueste lo que cueste no solo para proteger su reputación, sino para evitar sanciones regulatorias e incluso penales”.

Los detalles de la investigación sobre Díaz y cinco presuntos asociados provienen de una solicitud de asistencia judicial de 14 páginas enviada por un tribunal en Liechtenstein el 22 de noviembre de 2019, y la respuesta dos semanas después por fiscales de Ginebra que prometían cooperar. Una copia de la solicitud, traducida al inglés, y la respuesta suiza, fueron entregadas por separado a la AP por dos personas bajo condición de anonimato ya que la investigación sigue en curso. El tribunal estatal en Liechtenstein confirmó la autenticidad de la solicitud. La Fiscalía General de Suiza señaló que transmitió la información solicitada en mayo, pero actualmente no tiene un procedimiento criminal en curso.

Díaz era prácticamente desconocida hasta que ella y su esposo, un ex asesor de seguridad de Chávez, aparecieron en 2016 en la filtración de documentos financieros secretos conocidos como los Papeles de Panamá, que proporcionaron una mirada a cómo algunas de las personas más ricas del mundo esconden su dinero. Las autoridades allanaron su casa en Caracas y confiscaron lo que describieron como una colección de autos de lujo, obras de arte y documentos relacionados con propiedades inmobiliarias dentro y fuera de Venezuela controladas a través de empresas fantasmas.

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