Propuesta del R2P del Tribunal Supremo Legítimo de Venezuela en el exilio

LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

PRESIDENCIA

“En Venezuela hay una emergencia humanitaria. Cada día que pasa sin acciones contundentes, mueren más venezolanos y sus sueños de libertad se desvanecen”

La Presidencia del legitimo Tribunal en cumplimiento con los deberes consagrados en los artículos 3, 19, 131, 132, 333 y 350 de la Constitución, presenta este documento base para promover la aplicación de la normativa internacional conocida como LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER y se accione el mecanismo del derecho internacional con el fin de lograr la prosperidad y bienestar del pueblo, asegurando el derecho a la vida, el trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad; promoviendo la cooperación pacífica entre las naciones e impulsar la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, así como garantizar los derechos humanos de los Venezolanos.

I

RESPONSABILIDAD DE PROTEGER

Concepto: Es una acción internacional en el mantenimiento de la paz, donde Estados comprometidos con la solidaridad de los pueblos, ejercen una intervención en socorro de víctimas o posibles víctimas de genocidio, crímenes de guerra, depuración étnica, crímenes de lesa humanidad, violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos, siendo una respuesta eficaz a la emergencia humanitaria que surjan en cualquier parte del mundo.

Objetivo: La normativa aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el nombre de Responsabilidad de Proteger (Doc. A/RES/60/1, 24 de octubre de 2005), busca que los Estados miembros de la organización internacional asuman, ante crímenes atroces violaciones de los derechos humanos, la conciencia de que todo Estado está obligado a proteger a sus ciudadanos de tales males, y que la comunidad internacional debe ayudarlos a cumplir ese objetivo; de manera que si un determinado Estado incumple su obligación de proteger, dicha comunidad, dotada de legitimación y de los medios necesarios, tiene que movilizarse, aceptando por primera vez en la Comunidad Internacional la responsabilidad colectiva de actuar.

II

PRINCIPIOS BÁSICOS

Es un principio de la soberanía de un Estado el deber de responsabilidad principal que incumbe al propio Estado de proteger a su población. Cuando la población esté sufriendo graves daños como resultado de una guerra civil, una insurrección, la represión ejercida por el Estado o el colapso de sus estructuras, y ese Estado no quiera o no pueda atajar o evitar dichos sufrimientos, la responsabilidad internacional de proteger tendrá́́ prioridad sobre el principio de no intervención, principio este superado por los derechos humanos.

III

ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER

A. Responsabilidad de prevenir: Eliminar tanto las causas profundas como las causas directas de los conflictos internos y otras crisis provocadas por el hombre que pongan en peligro a la población; B. Responsabilidad de reaccionar: Responder a las situaciones en que la necesidad de protección humana sea imperiosa con medidas adecuadas, que pueden incluir medidas coercitivas como la imposición de sanciones y las actuaciones legales en el plano internacional, y en casos extremos la intervención militar; C. Responsabilidad de reconstruir: Ofrecer, particularmente después de una intervención militar, plena asistencia para la recuperación, la reconstrucción y la reconciliación, eliminando las causas del daño que la intervención pretendía atajar o evitar.

IV

PRINCIPIOS PARA LA INTERVENCIÓN MILITAR

1) EL CRITERIO MÍNIMO: CAUSA JUSTA. La intervención militar con fines de protección humana es una medida excepcional y extraordinaria, y su justificación ha de existir o ser inminente un daño humano grave e irreparable tales como: A. Grandes pérdidas de vidas humanas, reales o previsibles, con o sin intención genocida, que sean consecuencia de la acción deliberada de un Estado, de su negligencia oincapacidad de actuar o del colapso de un Estado; B. Depuración étnica a gran escala, real o previsible, llevada a cabo mediante el asesinato, laexpulsión forzosa, el terror o la violación.

2) PRINCIPIOS PRECAUTORIOS. A. Intención correcta: El fin primordial de la intervención, debe ser atajar o evitar el sufrimiento humano.

La mejor forma de cumplir con este principio de intención es que las operaciones sean multilaterales y cuenten con un respaldo de las víctimas y de la opinión pública regional; B. Último recurso: La intervención militar sólo puede justificarse cuando se hayan intentado todas las demás opciones no militares para prevenir o dar una solución pacífica a la crisis y cuando haya motivos razonables para creer que otras medidas menos enérgicas no habrían dado fruto; C. Medios proporcionales: La escala, duración e intensidad de la intervención militar prevista debe ser la mínima necesaria para alcanzar el objetivo de protección humana establecido; D. Posibilidades razonables: Debe haber una posibilidad razonable de poder evitar el sufrimiento que ha justificado la intervención, y las consecuencias de la acción no pueden ser peores que las de la inacción.

3) PRINCIPIOS OPERACIONALES DEL USO DE LA FUERZA: (Extraído del resumen general del informe de la Comisión Internacional sobre intervención y soberanía de los Estados. Diciembre de 2001). A. La adopción de un planteamiento militar común por las partes implicadas,unidad de mando, y jerarquía de mando y comunicaciones claras e inequívocas; B. La aceptación de ciertas limitaciones, aumento progresivo y gradación de la aplicación de la fuerza, siendo el objetivo proteger a una población; C. Unas reglas de combate que se ajusten al concepto operacional y sean precisas, reflejen el principio de proporcionalidad y respeten plenamente el derecho internacional humanitario; D. La aceptaciónde que la protección de la fuerza no puede convertirse en el objetivo principal; E. La máxima coordinación posible con las organizacioneshumanitarias.

V

LA APLICACION NECESARIA Y URGENTE DEL R2P EN VENEZUELA

En Venezuela deben tomarse en cuenta las circunstancias que justifican la aplicación de esta normativa internacional, cuyo fin principal es de protección humanitaria. Es importante que la Comunidad Internacional tenga conciencia de que se han agotado todos los métodos pacíficos y amistosos tanto en lo interno como en lo externo con los responsables de las violaciones graves y sistemáticas que afecta a la población.

A continuación, se presentan tres conceptos necesarios para la comprensión de la activación urgente de la normativa bajo estudio.

1) DERECHOS HUMANOS: Las graves violaciones de derechos humanos que ocurren en Venezuela que afectan gravemente la seguridad humana no puede esconderse. Muchos testimonios e informes técnicos han sido concluyentes por parte de organizaciones que hacen vida en el país y de organismos multilaterales. La defensa de los derechos esenciales de la persona humana (vitales para su vida y desarrollo) y la misma Democracia que es condición indispensable para garantizar estos derechos, son bienes jurídicos que prevalecen sobre cualquier consideración que de soberanía o autodeterminación tenga un determinado Estado y su ordenamiento positivo. La tendencia del Derecho Internacional Público contemporánea está caracterizada por la evolución de sus principios internacionales reguladores de la conducta individual y estatal, incluida la formulación de normas y mecanismos nuevos y más estrictos para proteger los derechos humanos.

2) SEGURIDAD HUMANA: El concepto de Seguridad Humana, la cual incluye la preocupación por los derechos humanos, va más allá de ella; tiene también una creciente importancia en el Derecho Internacional y las relaciones internacionales y cada vez más ofrece un marco conceptual para la acción internacional. Es un hecho que el concepto de seguridad no sólo se refiere a los Estados sino también a las personas, por lo tanto, la protección de la seguridad humana, -incluidos los derechos humanos y la dignidad del hombre-, deben ser uno de los objetivos fundamentales de las modernas instituciones.

3) SOBERANÍA: El Principio de la Igualdad Soberana de los Estados se consagró en la Carta de las Naciones Unidas donde la Organización y sus miembros descansan en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros. (artículo 2.1). En lo interno, la idea de la soberanía se le ha relacionado con la capacidad de los gobiernos de cumplir con los derechos de la población, lo cual tiene relación en la autoridad del Estado limitada a las normas constitucionales de separación de poderes.

La conceptualización de los derechos humanos abre el campo de la Soberanía, entendida también, como Responsabilidad Frente a los Ciudadanos; ello infiere que la soberanía implica: i. que las autoridades estatales son responsables de proteger la seguridad y la vida de los ciudadanos y promover su bienestar; ii. la soberanía sugiere que las autoridades políticas nacionales son responsables ante los ciudadanos a nivel interno y ante la comunidad internacional a través de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos; iii. los agentes del Estado son responsables de sus actos, es decir, que han de rendir cuentas de sus actos u omisiones con respecto a las obligaciones de satisfacer los derechos a los ciudadanos.

El Estado solo será soberano en función del ejercicio responsable con sus ciudadanos, en relación con el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades constitucionales, morales, éticas y con la esfera jurídica que los estándares internacionales establezcan de sus Derechos Humanos.

4) El ESTADO FALLIDO CRIMINAL: El Estado se concibe fallido internacionalmente cuando no cumple con sus obligaciones para con su población y no procura la satisfacción general de sus derechos e intereses, así estamos frente a un estado no soberano.

Venezuela ha sido declarado por el legítimo Tribunal Supremo de Justicia, como un estado fallido, donde no se garantiza el derecho de acceso a la justicia, no respeta el principio de separación de poderes, y lo más grave se está cometiendo en forma sistemática violaciones graves de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, entre otros crímenes.

También organismos multilaterales como la ONU (Alto Comisionado de Derechos Humanos), La OEA (Secretaria General y Consejo Permanente), CIDH, entre otros, han determinado y denunciado las violaciones ya indicadas.

El Régimen de Nicolas Maduro Moros es el responsable directo de la grave situación humanitaria, producto de políticas corruptas en el manejo de los recursos destinados a los alimentos y medicinas; agravado por el uso de vehículos financieros de la delincuencia organizada transnacional; la beligerancia de los jefes de bandas criminales que operan desde las cárceles, conocidos como “Pranes”; la creación, organización, entrenamiento y administración de colectivos conformados para reprimir y amenazar a la población; y la entrega del territorio y administración de los recursos a los carteles de drogas, grupos guerrilleros como las Farc, el ELN y Hezbollah, por ello es calificado también como un Estado Criminal.

Podemos decir con claridad que el régimen que está en manos del señor Nicolás Maduro Moros está cimentado en un Estado fallido y criminal.

VI

PREMISAS QUE JUSTIFICAN LA URGENCIA DE SALVAR A LA POBLACIÓN VENEZOLANA

1) Persuasión y negociación: En Venezuela, ya se agotaron estos medios de solución; en lo interno y en lo internacional se han hecho suficientes intentos para llegar a una solución consensuada. (Son años transitados por ese estadio donde el régimen se ha burlado del pueblo y sus dirigentes).

2) Resistencia civil, pacífica y democrática: El pueblo lleva años haciendo una resistencia civil, y la respuesta del régimen sigue siendo la represión, detenciones, torturas y muertes.

3) Peligro latente: Para evitar un estallido social; evitar más torturas, vejaciones y violaciones graves de derechos humanos, que sin duda agravarán la seguridad humanitaria de la población, hay que ser conscientes, que con los crimínales la única negociación válida es su entrega a la justicia; el pueblo venezolano no acepta acuerdos “honrosos” para los delincuentes; esto no es moralmente aceptable, y los venezolanos no merecemos acuerdos y negociaciones bajo la mesa; “El pueblo quiere orden, quiere ley. Venezuela quiere justicia”.

4) Activación del R2P: La normativa internacional de Responsabilidad de Proteger implica:

i. Los Estados, en perfecto uso de su soberanía, concebida esta desde el ángulo de la responsabilidad del Estado para con sus obligaciones naturales protejan a sus ciudadanos frente a las cruentas acciones o hechos que pongan en riesgo o concreten graves menoscabos a la situación humana de la población, bien sea causada por factores naturales o por factores políticos. De ahí que los cambios en Venezuela sean del Estado Criminal a un Estado de Justicia; ii. La Comunidad Internacional tiene la responsabilidad de auxiliar a los Estados para asegurar la integridad física de sus nacionales cuando estos no puedan hacerlo; iii. La Comunidad Internacional puede intervenir en un Estado que se encuentre en estas condiciones para salvaguardara la población civil, como una forma de proteger a las personas que son nacionales de un Estado, pero también son ciudadanos de este Mundo.

VII

PROPUESTA DE ACCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER EN VENEZUELA

Por cuanto, el Estado Fallido y criminal avanza a pasos agigantados, y el sufrimiento del pueblo aumenta desmedidamente; por cuanto, los venezolanos no podemos resolver solos esta anarquía. La Comunidad Internacional debe entender que es urgente activar la Normativa Internacional del Principio de Responsabilidad de Proteger.

RAZONES POR LAS CUALES SE PROPONE:

Primero: Asumir el R2P bajo el liderazgo de la Secretaria General de la OEA, dirigida por el doctor Luis Leonardo Almagro, quien ha demostrado el coraje internacional de transitar las soluciones reales para la situación humanitaria de la población venezolana. Siempre descansando en los pilares de la paz, justicia, derechos humanos, la ley, la verdad, la moral.

Segundo: Promover la aplicación de medidas de “diplomacia dura”. El delito avanza más rápido que la diplomacia.

Tercero: Sanciones económicas a los responsables del daño humanitario, por parte de los países comprometidos con la paz y la democracia. (Estados Unidos y Canadá son los que han sido determinantes.).

Cuarto: Activar la Convención Internacional de Delincuencia Organizada Transnacional, para hacer un seguimiento de los capitales corruptos en diferentes países, investigación del uso de estos capitales, congelación de cuentas y bienes de quienes detenten capitales sospechosos. Coadyuvar con las autoridades legítimas venezolanas su repatriación a los fines de la reconstrucción del país.

Quinto: Retirado de visados a los familiares, testaferros y por supuesto a los ejecutores que sostienen al régimen. Si los familiares cercano y testaferros viven una vida de lujos en otros países, ellos se quedan tranquilos en Venezuela para continuar cometiendo delitos y sosteniendo al régimen.

Sexto: Más intervención y presión ante la Corte Penal Internacional, que no aparece actuando ni cumpliendo con sus deberes de justicia.

Séptimo: Congelar los pagos y obligaciones contratados por el régimen (revisar su legalidad), hasta que no se logre la liberación del país. Si Venezuela es un estado fallido y criminal, los venezolanos de bien y por ende el país está vulnerable. Estamos en un estado de excepción.

Octavo: Implementar con urgencia en cada Estado los instrumentos respectivos a los Derechos Humanos, leyes de refugiados y leyes humanitarias. Recordemos que hay un éxodo que supera los 4.000.000 de ciudadanos sin estatus legal, protección de salud, permisos de trabajo, sin recursos, familias disgregadas, sin documentación. Es una forma de pérdida de la nacionalidad.

Noveno: Conformar una coalición internacional militar en misión de paz, integrado por los países que se han comprometido con la liberación de la población venezolana, que pueda acometer con base al Informe Técnico que motiva la Resolución de la Asamblea de las Naciones Unidad del 2005, que consagra la Responsabilidad para Proteger (R2P), las siguientes operaciones:

A) Ejecutar despliegues preventivos de ayuda militar colectiva, de asistencia médica y alimentaria dentro del país, en las zonas fronterizas de situación aguda, y de los venezolanos en territorio extranjero.

B) Tener en cuenta y hacer consciencia que las medidas de tipo coercitivo y el ejercicio de misiones militares no están ligadas indisolublemente a actos bélicos o de guerra, sino a una forma castrense de realizar determinadas operaciones y procederes de naturaleza administrativa, de inteligencia, de apresto en defensa, y otras, ciertamente de carácter bélico de ataque o defensa según el caso.

C) Entre las medidas de fuerza no bélicas, acometer el embargo de armas, las sanciones financieras, las prohibiciones sobre el tráfico aéreo, la restricción de viajes a individuos del régimen y sus relacionados.

D) La acción militar en misión de paz, se debe estipular en unas condiciones mínimas, que acompañe tareas humanitarias, y estar el tiempo estrictamente necesario.

E) Que la Comunidad Internacional admita y reconozca que la tarea de liberación y de reconstrucción de Venezuela se logra con la participación de toda la sociedad civil integrada en una alianza de concordia que permita sentar las bases de una Nación sustentada en la paz y la justicia.

Dada, firmada y sellada, por la Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, en Washington, D.C. a los Trece (13) días del mes de mayo de dos mil diecinueve (2019). Año 208 de la Independencia y 160 de la Federación.

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